Las Notificaciones de la Administración Educativa y el Pie de Recurso.-

Las Administraciones públicas, y no se nos debe olvidar que la Administración Educativa es una Administración Pública, tienen la obligación de informar, cuando notifican un acto, sobre los recursos que proceden, el órgano ante quien han de interponerse y su plazo.  
Esa información, popularmente llamada «pie de recurso», es un requisito para la eficacia del acto administrativo, aunque no parte del mismo, sino de la notificación, que es un acto de ejecución distinto.  El incumplimiento de esa obligación por parte de la Administración no puede perjudicar en sus derechos e intereses a los ciudadanos afectados, por lo que su inexistencia tendría como consecuencia la anulabilidad del acto administrativo en base a una clara indefensión de estos administrados, quienes no tienen porqué conocer la normativa aplicable, ni el procedimiento administrativo.
  
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 40.2, establece claramente cuál ha de ser el contenido de cualquier notificación y su pie de recursos, y así señala:
“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.”
En principio la cuestión parece no tener mucha complejidad ya que, una vez ilustrado del régimen de recursos procedentes, el administrado podrá hacer uso de los mismos para defender sus derechos.
Sin embargo, a las Administraciones Educativas se les olvida con demasiada frecuencia tanto el deber de resolver o ejercer su competencia de forma escrita y no oral(art. 36, 1 y 2, de la LPAC), como este deber de notificar adecuadamente a los administrados sus actuaciones a fin de que estos puedan ejercer sus derechos e impugnar, si este el caso.
Esto adquiere una especial relevancia en relación a los Informes de Evaluación Psicopedagógica emitidos por los Equipos de Orientación Educativa, puesto que, en base a la actual normativa de algunas de nuestras CCAA, a los mismos se les otorga la consideración de un auténtico «Dictamen de Escolarización», al que sustituyen, sobre todo, cuando son denegatorios de derechos, tal como sucede con aquellos que niegan la consideración de “alumno con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales”, que son los más habituales en este terreno.
Pues bien, como cualquier otro acto administrativo, estos Informes son recurribles por defectos en cuanto al fondo (si se ha hecho bien, si los contenidos son correctos o erróneos, si recoge o no toda la información que tiene que recoger) o en cuanto a la forma (si contienen todos los extremos que tienen que contener, incluyendo fecha y firma identificativa de quien los emite y si se han notificado o no correctamente) y ahí es donde alcanza gran importancia la existencia del  “pie de recurso” porque su inexistencia, conlleva una falta de notificación en forma del acto administrativo y da pie a la anulación del mismo, tal como establece el  artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que señala que son anulables los actos de la Administración
”cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.”
Los actos administrativos son recurribles en vía administrativa de tres formas:  en alzada, ante el órgano inmediatamente superior, en reposición ante el mismo órgano emisor y mediante el recurso extraordinario de revisión (solo en determinados supuestos tasados por la Ley), también por el mismo órgano emisor.
En relación a los Informes de Evaluación Psicopedagógica, estos son recurribles:
a)  En alzada:
·        Ante el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación.
·        Ante la Consejería de Educación.
b)  En reposición:  ante el propio Equipo de Orientación Educativa.
En relación a los Informes de la Inspección, estos son recurribles
a)  En alzada:
·        Ante la Jefatura de Inspección de la Delegación Territorial de Educación
·        Ante la Consejería de Educación
b)  En reposición: ante el propio Inspector.
Una vez completado el procedimiento administrativo, serán recurribles ante los Tribunales de Justicia de lo Contencioso-Administrativo: de Primera Instancia, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo.
 
Los recursos administrativos se podrán presentar en cualquiera de los registros, tanto electrónicos como físicos, de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo administrativo.
Los “pies de recurso” variarán, dependiendo de si el trámite al que se refieren pone o no fin a la vía administrativa, esto es, si para recurrirlos hemos de acudir ante otro órgano administrativo o acudir a los Tribunales de Justicia, en este caso, de lo Contencioso-Administrativo, así  que debemos contemplar distintos supuestos:
Para las resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa:
“Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el órgano inmediatamente superior (especificado), en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Para las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa:
Hay tres supuestos:
Resoluciones que dicte el órgano emisor, en primera instancia, por ser el órgano competente para resolver:
“Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Resoluciones a recursos de Alzada:
“Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de alzada, no cabrá ningún otro recurso administrativo, excepto el recurso extraordinario de revisión.”
Resoluciones  a recursos de Reposición:
“Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso de reposición, no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.”
Mucho ojo con los “pies de recurso” a partir de ahora.
Suerte.

Acceso a la Educación a Distancia +16 años

Queridos lectores:
Acabo de recibir respuesta oficial de la Administración del Estado (4/04/2019) en relación a la posibilidad de que los alumnos con 16 años cumplidos o que los cumplan durante el curso escolar, puedan matricularse on-line en el CIDEAD.
La transcribo, tal cual:
“Estimado/a usuario/a:
Muchas gracias por utilizar nuestro servicio.
Le indicamos que para acceder a las enseñanzas en régimen de personas adultas deberá ser mayor de dieciocho años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso académico.
De manera excepcional, también puede acceder a las enseñanzas de personas adultas si eres mayor de 16 años, o los cumples en el año natural en que comienza el curso académico, acreditando alguna de estas situaciones:
  • Ser persona trabajadora por cuenta propia o ajena de manera que no puedas acudir al centro educativo de carácter ordinario. 
  • Ser deportista de rendimiento en cualquier Comunidad Autónoma o de alto rendimiento o alto nivel. 
  • Encontrarte en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación que  te  impida  cursar  las  enseñanzas  en  régimen  ordinario,  quedando  incluidas  en  este  supuesto  las  personas víctimas de la violencia de género y las víctimas de terrorismo, así como sus hijos e hijas, y las personas que se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión. 
  • Estar interno o interna en centros penitenciarios o de menores sujetas a medidas de privación de libertad por sentencia judicial.
Al igual que la ESPA presencial, la ESPAD está organizada en dos niveles (nivel I y nivel II) de un año académico de duración cada uno, aunque se puede cursar en menos tiempo en base a la formación previa del alumno, que será valorada en los centros de adultos. Además, todo el alumnado de Educación a Distancia puede asistir a las tutorías, que son de dos tipos: grupales e individuales. Las tutorías individuales pueden ser presenciales, por teléfono, por correo, telemática, etc. La asistencia a las tutorías no es obligatoria, pero sí muy recomendable.
Cada nivel consta de tres ámbitos:
  • Científico-tecnológico: formado por aspectos básicos del currículo de las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza, Tecnologías y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación física.
  • Comunicación: formado por aspectos básicos del currículo de las materias de Lengua Castellana y literatura y Primera lengua extranjera. Incorporará además, si la hubiese, la Lengua cooficial y literatura
  • Social: formado por aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía, Educación Plástica y Visual y Música.
Centros
La ESPAD se puede cursar en los mismos centros de educación de adultos que ofrecen ESPA o en otros centros autorizados para ello. El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) ofrece estos estudios a distancia a los alumnos mayores de 18 años o que los cumplan en el año natural en el que comience el curso académico. 
Excepcionalmente podrán matricularse los mayores de 16 años con contrato de trabajo en vigor o cuando lo autorice la administración educativa. Además podrán matricularse los alumnos españoles residentes en el exterior o los alumnos extranjeros que residen en España que han cursado previamente estudios españoles. Los detalles para la matrícula, que se formaliza de forma telemática, se describen en la página web del CIDEAD.”
Suerte.
 

La mayoría de edad educativa

Una de las cosas que llevo haciendo desde hace años, cada vez que me he reunido con el Gobierno de turno, es denunciar la incoherencias legales de ese feudo (se ofenda quien se ofenda) que es la Administración Educativa.
Hoy os voy a contar como nuestra Administración Educativa haciendo alarde de un paternalismo decimonónico, se pasa por el forro los derechos de los ciudadanos españoles tratándolos como “menores de edad” o como “incapaces”, sin la menor justificación jurídica, en algunas de sus normativas.
Comencemos por el principio.
Según se establece en la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978 en su artículo 12, los españoles son mayores de edad a los dieciocho años, a partir de esa edad, se obtiene plena capacidadpara realizar actos jurídicos válidos y ser responsables de los mismos. Es decir, se puede votar y ser votado, firmar cualquier tipo de contrato, comprar o vender cosas, ejercer acciones jurídicas, ser titular de negocios etc., y, en consecuencia, ser responsable personalmente de las consecuencias de todos tus actos.
Esta disposición quedó plasmada en nuestro Código Civil el 17 de noviembre de 1978, fecha en que se publica en el BOE el Real Decreto-ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad, entrando en virgor, según su Disposición final, el mismo día de su publicación, esto es, hace la friolera de 41 años.
Asimismo, nuestra legislación establece que los mayores de 16 añospueden emanciparse (artículos 317 y siguientes del Código Civil) y esta emancipación permite que el mayor de 16 y menor de 18 años pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad.
Como excepción se dispone que, hasta que el emancipado no alcance la mayoría de edad, no podrá pedir préstamos, gravar o transmitir bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, ni bienes de extraordinario valor (como joyas) sin el consentimiento de sus padres, o en caso de que falten ambos, del tutor que le haya sido nombrado.
Los 16 años son también tenidos en cuenta por nuestro ordenamiento jurídico para:
  • Casarse y hacer donaciones por matrimonio (artículos 1328 y 1329 del Código Civil).
  • Tener relaciones sexuales consentidas(Ley Orgánica 1 / 2015 de 30 de Marzo, (por la que se modificaba el Código Penal).
  • Abortar, con permiso de sus padres o tutores legales (Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo)
  • Trabajar con un contrato de trabajo (Estatuto de los Trabajadores, aunque existen normas especiales de protección que no les permiten llevar a cabo trabajos nocturnos, ni  ocupar puestos que sean insalubres, penosos, nocivos o peligrosos para su salud o para su formación tanto profesional como humana ni podrán tampoco hacer horas extraordinarias).
  • Ser responsable penal e ir a la cárcel (Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero)
  • Realizar actos de administración ordinaria de sus bienesadquirido mediante su trabajo o industria (art. 164 CC).
  • Puede ser testigo en los testamentosotorgados en tiempo de epidemia, art. 701 CC.
  • Pactar en capitulaciones matrimoniales un régimen de separación o el de participación, art. 1329 CC.
  • Hacer donaciones por razón de matrimonio en capitulaciones o fuera de ellas con autorización de sus padres o tutor, art. 1338 CC.
  • Prestar su consentimiento en documento público para los actos de disposición por sus padres de sus bienes (art. 166 CC).
  • Pueden tomar decisiones sobre su salud(Derecho a la autonomía del paciente consagrado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica).
  • Otras como ser testigo, ser oído en juicio, comprar tabaco, alcohol, acudir a conciertos, entrar a discotecas, conducir determinados vehículos de motor…)
Desde los 14 años, nuestro ordenamiento les permite (con determinados requisitos y matices):
  • Tener permiso de armas y utilizarlas con autorización Especial para ello concedida por la Guardia Civil.
  •  Otorgar testamento (art. 663 del Código Civil)Ser responsable penal e ir a un Centro de Internamiento para menores ((Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero)
  • Prestar su consentimiento para transferir datos de carácter personal/ abrir cuentas en RRSS/ Subir fotografías suyas a Internet(artículo 13 del RD 1720/2007 de 21 de Diciembre de 2007 por el que se desarrolla la LOPD de 15 de Diciembre de 1999)
  • Puede optar por la nacionalidad española (art. 20 CC) y por la vecindad civil (art. 14 CC),
  • Dejar sin efecto la sustitución pupilar ordenada por un ascendiente (art. 775 CC)
A partir de 12 años:  Debe ser oído por el Juez antes de autorizar al tutor la realización de cualquiera de los actos que enumera  art. 271 y 272 (art. 273 del código Civil), así como en cualquier otro juicio y acto administrativo (art. 2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) y puede prestar su consentimiento a su adopción (art. 177 Código Civil).
Pues bien, en su art. 27 de la Constitución dispone que “Todos tienen el derecho a la educación” (apartado 1), la cual “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (apartado 2);  nuestra legislación viene estableciendo desde 1985 (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la LOGSE de 1990) que la escolarización en nuestro país es obligatoria desde los seis a los dieciséis años y la LOE 2/2006 en su Preámbulo  establece como objetivo el
“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. Además, supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades.”
Sin embargo, nuestra Administración Educativa impide que los españoles mayores de 16 años que residan en España:
  • Puedan acceder a la educación a distancia reglada de forma voluntaria o con el permiso de sus padres.
  • Puedan cambiar de centro educativo, condicionándolo a que concurran circunstancias objetivas “debidamente justificadas (cambio de domicilio o trabajo) y que revistan carácter excepcional”.
  • Puedan escoger centro educativo.
  • Puedan negarse a que los evalúe mediante instrumentos clínicos una persona sin la debida preparación (Orientadores no médicos, ni psicólogos clínicos)
  • Puedan hacer el Bachillerato a distancia por voluntad propia, a pesar de que ésta no es una etapa educativa obligatoria.
  • Puedan realizar el Bachillerato en un año (de forma compactada (dependiendo de dónde vivan).

Para la Administración Educativa Española es más peligroso que un ciudadano adulto con pleno derecho decida cómo y cuándo estudia o si estudia a distancia, que si este aborta o utiliza un arma, para que luego digan que la educación no es «el arma más poderosa del mundo».

    Como esa barbaridad no me parecía de recibo, he solicitado respuesta oficial a través de la Sede Electrónica de la Administración del Estado y acabo de recibir esta respuesta (04/04/2019) que comparto con vosotros:

    «Para acceder a las enseñanzas en régimen de personas adultas deberá ser mayor de dieciocho años o cumplirlos en el año natural en que comience el curso académico.
    De manera excepcional, también puede acceder a las enseñanzas de personas adultas si eres mayor de 16 años, o los cumples en el año natural en que comienza el curso académico, acreditando alguna de estas situaciones:
    • Ser persona trabajadora por cuenta propia o ajena de manera que no puedas acudir al centro educativo de carácter ordinario. 
    • Ser deportista de rendimiento en cualquier Comunidad Autónoma o de alto rendimiento o alto nivel. 
    • Encontrarte en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación que  te  impida  cursar  las  enseñanzas  en  régimen  ordinario,  quedando  incluidas  en  este  supuesto  las  personas víctimas de la violencia de género y las víctimas de terrorismo, así como sus hijos e hijas, y las personas que se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión. 
    • Estar interno o interna en centros penitenciarios o de menores sujetas a medidas de privación de libertad por sentencia judicial.
    Al igual que la ESPA presencial, la ESPAD está organizada en dos niveles (nivel I y nivel II) de un año académico de duración cada uno, aunque se puede cursar en menos tiempo en base a la formación previa del alumno, que será valorada en los centros de adultos.»
    Por lo que, en caso de que a alguno de vosotros que esté en alguna de las situaciones anteriores os digan que “Las enseñanzas de Bachiller a distancia se dirigen exclusivamente a estudiantes mayores de edad o menores de edad que por circunstancias excepcionales reconocidas por el Consejo Escolar o por motivos laborales no puedan matricularse en un centro de enseñanza.  Se trata de una opción en la que sólo pueden acceder aquellos alumnos con verdaderas dificultades para cumplir con los horarios presenciales en régimen diurno o nocturno.” ¿¿¿???
    O que «para realizar la prueba para la obtención del título de Bachiller, que es una prueba que organizan de forma periódica las consejerías de educación de algunas Comunidades Autónomas, tienes que tener más de 20 años. «¿¿¿???

    Textos que he sacado de webs de educación oficiales y que no me extrañarían que se sigan aplicando.

    Decidles que se actualicen.

    La normativa que lo impida (si continúa existiendo en alguna CCAA) debería ser nula de pleno derecho en base al artículo 47.1 a) y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede que siga ahí porque nadie la ha denunciado ante los Tribunales de Justicia.
    Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
    1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
    2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
    La paradoja es que si resides fuera de España, tengas la edad que tengas, si puedes acceder a la formación a distancia, sin necesidad de autorización administrativa o de cumplir los requisitos anteriores.

    En conclusión:  si tienes ya los 16 años o eres mayor de edad y estás hasta el gorro del sistema educativo español presencial y quieres hacer la ESO o Formación Profesional o el Bachillerato (que es una etapa educativa no obligatoria) y «el servicio de inspección educativa no te da permiso», tienes varias posibilidades tales como trabajar de autónomo o por cuenta ajena, federarte y competir deportívamente, presentar un certificado de salud oficial, lo de entrar en prisión no te lo aconsejo, o «huir de España» para poder seguir estudiando como tú decidas, haciendo que tus padres te autoricen a residir fuera de nuestro país (si eres menor de 18 años) y, desde allí, matriculándote a distancia en el sistema español on line o en cualquier otro (cuyo título tendrás que homologar después), una vez que te hayas empadronado en cualquier consulado o embajada extranjera.
    Como lo de encontrar trabajo puede ser complicado, una posibilidad a partir de los 17 años (dependiendo del país de acogida), es trabajar y estudiar como Au Pair fuera de nuestras fronteras, por períodos que van desde los 3/4 meses, a 10/12 meses o más, donde ayudarás en labores domésticas a familias con niños o personas mayores, tendrás tiempo para estudiar, aprenderás otros idiomas y ganarás un pequeño sueldo, en esta página podrás informarte:  https://www.aupairworld.com/es/ser-au-pair.
    O bien, meterte en pleitos.
    Suerte con la huida.

    Utilidad de la etiqueta “Alumno con NEAE por AACC”


    Dada la generalizada inactividad de las Administraciones Educativas en cuanto a la identificación y atención educativa específica temprana de las altas capacidades intelectuales, son muchos los padres que se preguntan ¿para qué sirve solicitar su reconocimiento oficial si luego la Administración no les atiende?
    Según establece la Convención de Derechos del Niño en su artículo 29, que os recuerdo que es una norma de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional (art. 10 y 96.1 de la Constitución Española de 1978), “la educación de los menores debe estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades”.  Esto significa de cara a esta Convención que el derecho a la educación es el derecho de todas las personas  
    “a aprender en un sistema educativo diseñado teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con altas capacidades intelectuales, en donde todos los centros educativos acogen a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, lingüísticas u otras. No solo se trata de brindar una educación de calidad, sino también de cambiar las actitudes de discriminación y los sistemas discriminadores, para crear sociedades inclusivas, que respeten y valoren las diferencias y la dignidad de todas las personas por igual. (…) Para atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que presenten los estudiantes, de modo que puedan desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, se deben garantizar los apoyos y ajustes necesarios.”  Informe Comité ONU 2018.
    Esta es también la interpretación dada por nuestros Tribunales de Justicia, especialmente el Tribunal Constitucional, cuando pone en relación el Derecho Fundamental a la Educación (art. 27 CE) con los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la dignidad (art. 15) de las personas, sentando la doctrina de que es necesario “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.
    La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece la legislación básica en materia educativa en todo el Estado, y establece como principios del sistema educativo, entre otros, la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, la equidad, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación.
    Por tanto, no me canso de explicarlo:  estos niños tienen  derecho a una educación inclusiva y de calidad, lo contrario constituye una discriminaciónproscrita por nuestra Constitución,  por la Convención de Derechos de Niño y por las Leyes Orgánicas de Educación, por lo que no se puede dejar la atención educativa específica de estos menores en manos de la voluntad de sus padres, del personal administrativo, educativo y de inspección involucrado, o, lo que es peor, en manos de Ordenes o Instrucciones de las CCAA destinadas a la violación de su derecho a la educación (como ha hecho la Comunidad Aragonesa recientemente).
    Pero ¿porqué es necesario que se les identifique oficialmente?  Desgraciadamente, en nuestro país la idea de la necesidad de la atención educativa específica se encuentra ligada al dinero que se destina a la misma, si hay dinero de por medio, entonces hay atención educativa específica y parece que todo el mundo se da cuenta de que, si existen fondos destinados a esta necesidad entonces es que esta “necesidad” existe, por tanto, si estos niños no existen “en cantidad suficiente”, a las Administraciones Educativas no se les dota de recursos personales, profesionales, técnicos y materiales para atenderlos, a pesar de que estén obligadas a ello (art. 71 y siguientes LOE/LOMCE), en consecuencia: 

    1. Los Centros Educativos no contarán con recursos o medios de apoyo técnicos asignados a los requerimientos específicos de los alumnos sino con recursos asignados con una flexibilidad limitada a los centros educativos.     
    2. Como la formación obligatoria del profesorado se establece según los requerimientos de los centros educativos en base a sus necesidades, si estos niños no existen no hay necesidad de formarse, en consecuencia, no se organizan cursos de formación para esta necesidad, así que falta formación y sobran estereotipos en los profesores–tutores de estos niños. 
    3. Profesorado especializado en AACC, cuando existen, son asignados a uno o varios centros educativos, sin capacidad de asegurar que el estudiante reciba el apoyo necesario.  Los profesionales disponibles no son suficientes y la organización horaria de cada especialista se realiza de forma fija, sin tomar en cuenta los requisitos específicos de cada alumno. 
    4. Desde la crisis existe un aumento de las ratios, lo que dificulta la atención educativa de estos niños. 
    5.  Asimismo, han disminuido los profesionales para llevar a cabo una correcta identificación de los requerimientos de los alumnos con AACC. 
    6.  Estos niños solo reciben (cuando lo reciben) un apoyo específico unas horas a la semana o dependiendo de la disponibilidad o voluntad del profesorado. En muchos casos existe un alto nivel de discrepancia entre el apoyo designado a través de procesos de evaluación y el apoyo efectivamente proporcionado. 
    7. Como no existe dotación económica en cuanto a apoyos y recursos, son los padres a través de las Asociaciones los que tienen que hacerse cargo de “actividades extraescolares” y formación de padres y docentes. 
    8.  Al no existir, tampoco se dotan fondos para Becas, por lo que, cuando se otorgan, solo se otorgan por “atención psicológica especializada”, normalmente para el desarrollo de habilidades sociales y no para la efectiva atención que el talento o la superdotación pueda requerir.

    Todo lo anterior unido al “trabajo” que cuesta atender a estos niños:  hay que planificar su adecuada atención educativa en los Planes y Proyectos Educativos de Centro, hay que planificar y adecuar su atención educativa dentro del aula, hay que organizar su respuesta educativa en relación a horarios, flexibilidad de la enseñanza, seguimiento de la evaluación y dotación de recursos, …, todo ello porque hay que cumplir la Ley aunque se sea ciego e insensible al dolor, la frustración, los problemas de salud o a las negativas consecuencias en su desarrollo psicológico, emocional y social, que causa la discriminación que supone su inatención educativa específica.
    Esto por lo que se refiere a la escolaridad obligatoria, pero ¿qué sucede en la escolaridad no obligatoria, como el Bachillerato o la Universidad?  Si estos jóvenes no existen:
    1.      No se crean Bachilleratos de Excelencia, Científicos, Artísticos o Internacionales.
    2.      No se compactan currículos para realizar el Bachillerato en un año.
    3.      No se forma al profesorado.
    4.      No se dotan de recursos materiales o técnicos específicos.
    5.      No se realizan planes de atención específica.
    6.      No se otorgan Becas para atender sus necesidades.
    7.      No se les tiene en cuenta en la Prueba de Acceso a la Universidad.
    8.      No se facilita la realización de dobles grados.
    Así pues, la única forma de que estos niños puedan tener la oportunidad de que dejen de ser discriminados es que dejen de ser invisibles para el sistema y para la sociedad.
    Porque


    Impugnación de normas administrativas contra derecho.-



    La impugnación de reglamentos ilegales y demás disposiciones de carácter administrativo.-

    A través de las redes sociales me entero de cosas que me parecen alucinantes desde el punto de vista jurídico, tanto por lo absurdo de las situaciones que se plantean desde Administraciones Educativas que parecen haber olvidado que el Derecho a la Educación es un Derecho Fundamental que ha de respetar la igualdad y la dignidad de las personas y esto implica, necesariamente, darle a cada niño el recurso y apoyo que éste necesita para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades, como por lo absurdo de las reacciones de los administrados, que en vez de acudir a un abogado a informarse y defender sus derechos, crean plataformas para recoger firmas o escriben cartas, cuando nuestro sistema jurídico tiene más que establecido el modo en que hay que actuar cuando se cometen ilícitos legales.
    No sé si es que todos los abogados tenemos mala fama, o es que la gente quiere que le saquen las castañas del fuego de forma gratuita y sin molestarse en seguir las normas, porque en nuestro país, España, el acceso a la “Justicia Gratuita” para todos los ciudadanos que no disponen de medios económicos para pleitear y para todas las Asociaciones de utilidad pública y Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente, que acrediten falta de medios económicos, se encuentra amparada por el artículo 119 de la Constitución Española, con solo pedirla.
    El derecho a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito administrativo comprende, en líneas generales, las siguientes prestaciones:
    • Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.
    • Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.
    • Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
    • Exención de tasas judiciales, así como del pago de depósitos para la interposición de recursos.
    • Asistencia pericial gratuita en los términos establecidos en la ley.
    • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
    • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.
    Una vez conscientes de que la defensa de los derechos de los niños no tiene porqué costar el dinero, aunque, en ocasiones, puede convenir acudir a un especialista privado y pagarle sus más que merecidos honorarios profesionales, tenemos que tener clara la vía legal para llevar a cabo la impugnación de normas administrativas reglamentarias o de rango inferior, que sean ilegales.
    Pues bien, la impugnación de las normas reglamentarias ilegales puede realizarse, fundamentalmente, a través de dos vías:
    • interponiendo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa «recurso directo» (contra la misma disposición general) o, en su caso,
    • acudiendo al llamado «recurso indirecto» (accionando contra los actos dictados en aplicación de la norma reglamentaria «ilegal»).
    Independientemente de este control por parte de la «jurisdicción ordinaria» (vid. Art. 2527,Ley 29/1998, de 13 de julio) el reglamento también puede verse fiscalizado por el Tribunal Constitucional, como sucede, por ejemplo, cuando se acude a lo dispuesto por el  apartado 2 del Art. 161, Constitución Española.
    El apartado 2 del Art. 47 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, siguiendo la línea tanto de la anterior regulación, como de la jurisprudencia relacionada con ella.
    Así, y como señala la TS, Sala de lo Contencioso, de 21/05/2010, Rec. 2463/2006:  “(…) porque los vicios de los que adolecen las disposiciones generales son vicios de nulidad plena respecto de los cuales carece de fundamento la convalidación invocada. Y, finalmente, y ligado al anterior, se hace preciso recordar que los vicios de invalidez en que pueden incurrir estas disposiciones generales son únicamente supuestos de nulidad plena, como revela el artículo 62.2de la Ley 30/1992 cuando sanciona que «serán nulas de pleno derecho la disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las Leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad (…)».
    Como es sabido, corresponde a los Tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa el control anunciado por el apdo. 1 del Art. 106,Constitución Española:
    “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifica”.
    Dos son los «recursos» previstos a este respecto: el llamado «recurso directo» y el denominado «recurso indirecto»: Ambos modos de impugnación se extraen de la consideración conjunta de los siguientes preceptos:
    El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. (apdo.1 del Art. 25 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
    Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho (apdo.1 del Art. 26 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
    La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior (apdo. 2 del Art. 26 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
    Partiendo de la consideración de que una u otra vía de impugnación producen, en su caso, los mismos efectos erga omnes  (“las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada”, apartado 2 del Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio) estas son las características que, según la doctrina más extendida, se pueden destacar de una y otra:
    Impugnación directa o recurso directo:
    La interposición del recurso directo se encuentra sometido a un plazo (2 meses desde su publicación), transcurrido el cual ya no será posible la impugnación por esta vía.
    Con el recurso directo se consigue, atacando directamente el Reglamento, la anulación general del mismo.
    Impugnación indirecta o recurso indirecto:
    La interposición del recurso indirecto no está sometida a ningún plazo, y es la única forma de atacar el Reglamento, aunque sea de forma indirecta, en el caso de que no sea ya posible interponer el recurso directo por haber transcurrido el plazo de interposición del mismo, o bien en el caso de que el recurso directo hubiese sido en algún momento anterior desestimado. 
    Aun cuando su objeto sean los actos en aplicación del Reglamento,  a través del mismo también se puede conseguir  la total anulación de aquel. A tal «punto de llegada» conduce lo dispuesto en el Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio:
    Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
    Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
    Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
    Al margen de lo expuesto, la legalidad del reglamento puede verse controlada no ya por la justicia ordinaria, sino por el Tribunal Constitucional. Así, y como dispone el apartado 2 del Art. 161, de la Constitución Española:
    “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”.
    En virtud de la cláusula abierta de la letra d) del Art. 161 ,Constitución Española también se ha ampliado esa potestad del Tribunal Constitucional para conocer de los recursos que se planteen respecto de conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de Comunidades Autónomas entre sí, cuando cualquiera de ellas dicte un Reglamento.
    El abogado que contratéis para llevaros en caso, os informará de la forma en que el mismo ha de llevarse a cabo y de la mejor forma para llevar a cabo el procedimiento.
    Para elaborar esta entrada he utilizado la base de datos IBERLEY del grupo Colex, así como la web del Ministerio de Justicia.
    Sed felices.

    Las flexibilizaciones de las etapas educativas y su regulación por las CCAA.-

    Ayer, dando una charla en Cantabria, tuve ocasión de comprobar que cada día hay un mayor interés por parte de docentes y técnicos de la Administración Educativa en formarse en lo que a atención del alumnado con necesidad de apoyo educativo por AACC intelectuales se refiere, lo que me alegró muchísimo por todos los niños y niñas que van a ver mejorada su atención educativa, porque el objetivo de formarse no es otro que el atender a estos alumnos y alumnas conforme necesitan y tal como tienen derecho.
    Como quiera que una charla divulgativa no es lugar para dar una clase de derecho constitucional, no pude responder con la seriedad que merecía a una duda planteada por un inspector educativo que me pareció suficientemente interesante como para hacer este post.
    ¿Qué quiere decir exactamente la Ley Orgánica de Educación cuando en su artículo 77 dice que
    El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad.”?
    En primer lugar, tenemos que indicar que el Real Decreto 943/2003 regula la flexibilización de las distintas etapas educativas estableciendo los criterios necesarios para llevarlas a cabo, que no son otros sino que:
    1.  El alumno/a haya sido evaluado y reconocido por la Administración Educativa como alumno superdotado intelectual.
    2.  Tenga adquiridos los conocimientos del curso a saltar.
    3.  No exista ningún problema que lo impida.

    Este Real Decreto es imperativo y taxativo en algunas cuestiones como las recogidas en el artículo 4.1:
    “1. La atención educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la identificación de sus necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objeto el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad.”
    O el artículo 7.1, que dice, literalmente lo siguiente:
    Artículo 7. Criterios generales para flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente:
    1. La flexibilización de la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente consistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas pos-obligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las Administraciones educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas y programas de atención específica.
    Mientras que en otros artículos, deja en manos de las distintas Administraciones cuestiones como las condiciones que deben reunir los centros para prestar una adecuada atención educativa a estos alumnos, o los criterios para que los centros elaboren programas específicos de intensificación del aprendizaje, o la forma en que los padres han de ser adecuadamente asesorados e informados, …
    El porqué de la existencia de artículos con carácter de orden taxativa viene de la vinculación de esta norma al hecho de que la misma se refiere a derechos educativos fundamentales de los alumnos superdotados intelectualmente.
    El derecho a la educación ha sido abordado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a la educación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 reafirma lo anterior, agregando que la educación debe favorecer la comprensión y la tolerancia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 28, que el derecho del niño a la educación debe ejercerse en condiciones de igualdad y, en su artículo 29, estipula que la educación del niño debe estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
    La Convención de los derechos de las personas con discapacidad, que en materia educativa se refiere a la educación de todos los niños y niñas, especialmente a la de aquellos que requieren de una educación diferenciada o adaptada a sus características, en su artículo 24 establece que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción.
    No tengo más remedio que recordar que, tanto la Convención de Derechos del Niño como la Convención de derechos de las personas con discapacidad, son normas directamente aplicables a nivel nacional en todo nuestro país desde el momento en que las mismas fueron ratificadas por España y publicadas en los Boletines Oficiales del Estado nº 311, de 31 de diciembre de 1990, y núm. 96, de 21 de abril de 2008, tal como establece el artículo 96.1 de nuestra Constitución Española de 1978:
    Artículo 96.1. “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”
    Pues bien, el Instrumento de ratificación de la Convención de Derechos del Niño dice:
    Juan Carlos. Rey de España
    Disposiciones Generales 38897
    Por cuanto el día 26 de enero de 1990, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Nueva York la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Vistos y examinados el Preámbulo y los cincuenta y cuatro artículos de dicha Convención, Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución, Vengo a aprobar y a ratificar cuanto en ella se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo observarla y hacer que se cumpla y observe  puntualmente en todas sus partes. (…)
    Y el artículo 24 de la Convención de las personas con discapacidad consagra que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción.  

    Según su observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité considera que el derecho a la educación es el derecho de todas las personas a aprender en un sistema educativo diseñado teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas.  No solo se trata de brindar una educación de calidad, sino también de cambiar las actitudes de discriminación y los sistemas discriminadores, para crear sociedades inclusivas, que respeten y valoren las diferencias y la dignidad de todas las personas por igual.  Para atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que presenten los estudiantes, de modo que puedan desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, se deben garantizar los apoyos y ajustes necesarios.
    El artículo 4 de la Convención establece las obligaciones generales de los Estados partes, quienes deben garantizar la implementación de la Convención por todos sus órganos, incluidos los gobiernos autonómicos a los que se han transferido competencias, puesto que los Estados partes se comprometen a “velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto” en la Convención (párr. 1, apdo. d)).
    Es más, la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. Dice:
    1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
    a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
    2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
    Esto jurídicamente, quiere decir varias cosas:
    1ª)  Jamás una CCAA puede quitar derechos fundamentales referidos a la educación de los niños, y las flexibilizaciones múltiples forman parte de la educación diferenciada que los alumnos NEAE por superdotación intelectual necesitan, porque es una de las mejores formas de adaptar su educación a su capacidad.  (No me canso de decirlo:  leeros el Informe Templeton)
    2º)  Aún cuando una CCAA tenga transferidas las competencias en materia educativa, nunca podrá legislar en contra de lo establecido por este Real Decreto de forma taxativa, puesto que lo que hace el mismo es aplicar lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y en la Convención de derechos de las personas con discapacidad, al establecer recursos educativos necesarios y específicos para este tipo de alumnado.
    Si lo hicieran, las normas que dictaran estarían incurriendo en una deriva jurídica proscrita por nuestros Tribunales de Justicia en innumerables Sentencias, que haría nulas esas disposiciones.
    Lo que sí pueden hacer las CCAA es organizar administrativamente las condiciones de esta atención educativa diferenciada, por ejemplo, indicando los plazos para que los expedientes se presenten o el tipo de centros educativos que dispondrán de una línea de atención educativa específica de carácter preferente para este tipo de alumnado.
    También pueden AMPLIAR los derechos de los niños:  por ejemplo, pueden disponer que en sus CCAA los niños NEAE por altas capacidades intelectuales con talentos complejos o alto rendimiento académico, también puedan flexibilizar las etapas educativas.
    Pero NUNCA, NUNCA podrán legislar quitando derechos a los niños. 
    En lo que a las flexibilizaciones se refiere:  no podrán establecer que los alumnos NEAE por AACC superdotados no puedan comenzar antes la etapa de educación primaria (para lo que tienen que haber sido identificados y valorados en la etapa no obligatoria de educación infantil), o que no puedan realizar 3 o más flexibilizaciones en la etapa de primaria y una o más en la de secundaria.
    Feliz Domingo,
    Sed felices.

    Derechos y deberes del alumnado y de las familias en la educación obligatoria

    Uno de los problemas con los que me suelo encontrar a menudo es que muchas familias desconocen sus derechos y sus obligaciones en el ámbito de la educación obligatoria, cuestión esta que me parece curiosa por cuanto la educación obligatoria en España abarca desde los 6 a los 16 años de edad, lo que supone un largo período de tiempo que se prolonga en las familias con hijos de distintas edades, mucho más si escolarizamos a los niños desde los tres años, por eso he decidido hacer esta entrada que espero os pueda ser de utilidad al respecto.
    Comencemos por el principio:
    La Constituciónespañola de 1978 reconoce el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales. 
    En 2007 el Tribunal Constitucional estableció que la titularidad del derecho a la educación incluye a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos extranjeros que residen en España, independientemente de su situación legal.
    En su nivel básico, la enseñanza es obligatoria y gratuita.
    Derechos y deberes básicos del alumnado.
    Derechos básicos:

    • Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
    • Que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
    • Que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
    • Recibir orientación educativa y profesional.
    • Ser oídos frente a cualquier decisión educativa o administrativa que les afecte.
    • Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
    • La protección contra toda agresión física o moral.
    • Participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
    • Recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales.
    • La protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.

    Se reconoce su derecho de asociación, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo con la ley.
    El respeto a sus necesidades educativas especiales o específicas se encuentra en el primero de los derechos anteriores así como en el respeto a su identidad, integridad y dignidad personales.
       Deberes básicos:

    • Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
    • Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.
    • Seguir las directrices del profesorado.
    • Asistir a clase con puntualidad.
    • Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
    • Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
    • Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
    • Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.

    Derechos y deberes de las familias
    Derechos:

    • Recibir una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente estatuto de autonomía y en las leyes educativas.
    • Escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
    • Recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
    • Estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.
    • Participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
    • Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo. Más información en Administración y gobierno a nivel local y de centros.
    • Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.

    Las administraciones educativas deben favorecer el ejercicio del derecho de asociación de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones.
    Deberes:

    • Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
    • Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar.
    • Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden
    • Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
    • Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros.
    • Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.
    • Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

    Los derechos y deberes del alumnado y las familias se regulan, además, dentro de cada una de las administraciones educativas del Estado. En las ciudades de Ceuta y Melilla por el Ministerio de Educación y Formación Profesional; y en las comunidades autónomas por las Consejerías y Departamentos de Educación.
    Su definición y aplicación se establece en el marco de la autonomía de los centros educativos a través del reglamento de régimen interior, que forma parte del proyecto educativo del centro. 
    Podéis encontrar más información en Administración y gobierno a nivel local y de centros.
    Sed felices.

    SI, SE PUEDE

    Mi experiencia como alumna de altas capacidades intelectuales en los años 70.-

    Queridos lectores:

    Por motivos técnicos del uso de blogger que desconozco en este momento, no es fácil acceder a esta entrada que publiqué en el año 2013.  Ayer Silvia Calvente, quien también estudió en el Instituto Padre Manjón de Granada, y que preside actualmente, la Asociación Atenea para familias con hijos de altas capacidades intelectuales, me pidió que volviera a publicarla.


    Ahí va:

    La vulneración de los derechos educativos de los niños de altas capacidades intelectuales en nuestro país, no siempre ha existido.  


    Soy española, tengo altas capacidades intelectuales; fui identificada a los 7 años de edad en el año 73 por médicos de la Facultad de Medicina de Granada especializados en Medicina y Psiquiatría Infantil, que sabían del tema; la administración educativa me reconoció como superdotada intelectual, esto me permitió ser flexibilizada, acceder con 12 años, de forma extraescolar, a estudiar en la Universidad de Granada, Escuela de Traductores e Intérpretes, el Bachiller de Idiomas en Lengua Inglesa, y estudié ¡en España! en un Instituto Experimental Público para altas capacidades intelectuales que funcionó en Granada durante 20 años: desde 1965 hasta 1983 (en que nos topamos con un Gobierno socialista: confundiendo equidad e igualdad).:  El Instituto Experimental Público Padre Manjón de Granada. 


    Este Instituto estuvo dirigido durante mucho tiempo por un Gobierno Rector formado por el Rector de la Universidad de Granada (de la que formaba parte, por ello el hecho de que sus instalaciones estén en el recinto de la Universidad), el Inspector Jefe de la Delegación de Educación de Granada, el Director del Centro Nacional de Educación y el Director del Instituto y su principal función era: acercar la Universidad a las demás enseñanzas, ensayar nuevas técnicas educativa y formar al profesorado.

    El propio Instituto, como parte de nuestra formación, nos facilitaba la posibilidad de estudiar fuera de España mediante intercambios o sin ellos, lo que se podía hacer durante los meses de verano, durante un trimestre lectivo o durante un curso escolar completo: yo estuve estudiando en Inglaterra y mi marido, al que conocí allí, en los Estados Unidos: ambos formamos parte de la última promoción del Instituto Público Experimental Padre Manjón de Granada que, en septiembre de 1983, pasó a convertirse en un Instituto ordinario.

    Si acudís a la página web del Instituto Padre Manjón y entráis en el apartado «Historia», encontrareis la base normativa de su creación y funcionamiento -lo que se podría reproducir legalmente en la actualidad-, sin embargo, veréis que no se refiere a las altas capacidades intelectuales (este término jurídico es de reciente creación, aparece con la LOGSE), sino que únicamente señala que los alumnos eran escogidos en base a la excelencia de su currículum académico.- Se exigía un nivel de Sobresaliente o Notable Alto de media.- Alto Rendimiento Académico.- Posteriormente nos sometían a todo tipo de baterías psicológicas, lo que nosotros llamábamos «rellenar cuestionarios».

    Mi Instituto era, ante todo, un Instituto Experimental: practicaron con nosotros (y con los alumnos anteriores), todo tipo de experiencias educativas y materiales pedagógicos; experiencias y materiales destinados a la formación de los profesionales de la educación y que se ponían a disposición del resto de centros educativos y, por tanto, del resto de alumnado -lo que da fe de que el hecho de atender educativamente a las altas capacidades intelectuales es útil para toda la sociedad-.


    Por ejemplo: fue el primer instituto mixto de Granada, el primero que contó con un Gabinete psicotécnico (germen práctico de los Orientadores) y el primero que «reglaba» los intercambios de estudiantes con otros países, … Dábamos clases de teatro y representábamos las obras en los teatros de Granada; teníamos un coro y grupos de música; dábamos clases con dinámica de grupo y por niveles de aprendizaje; pasamos cursos sin libros de texto -solo con apuntes o elaborando nosotros mismos los materiales-; durante un curso, las clases de literatura las dimos sentados en círculo en el suelo y tomando chocolate con churros; leíamos a los filósofos y los comentábamos en clase, antes de que nos contaran lo que de ellos se decía «oficialmente» (son de los mejores recuerdos de mi adolescencia); en las clases de Arte y de Historia del Arte, no sólo aprendías a dibujar, a esculpir o a trabajar con distintos materiales, sino a disfrutar y entender el Arte con mayúsculas; podías escoger entre Ética o Religión, y en esta última asignatura se estudiaba, en primer lugar, una «Historia de las Religiones», que fomentaba el conocimiento de otras formas de espiritualidad y, también gracias a sus docentes, la sana crítica de tu propia religión; escribimos y publicamos un libro de cocina y realizábamos trabajos sobre materias de actualidad; utilizábamos los primeros ordenadores (aquellos con discos floppy e impresoras de carrete); hacíamos exámenes tanto orales como escritos; exposiciones tipo «power point» con cartulinas; teníamos laboratorio de ciencias para hacer experimentos; podíamos aprender más de una lengua extranjera; hacíamos viajes de estudios culturales y, para prepararlos, teníamos que aprender a organizar todo tipo de eventos: fiestas, pases de modelos, obras de teatro, actuaciones musicales, concursos de cocina … desde la creación del proyecto: memoria del proyecto, búsqueda de patrocinio económico, publicidad … hasta su realización técnica: vestuarios, escenarios, luminotecnia y sonido…. y, sobre todo, nos enseñaron a pensar por nosotros mismos y a buscar información veraz.                          

    Nuestros profesores eran, en su mayor parte, profesores/doctores universitarios, especialistas en su materia, y con unas ganas inmensas de hacer nuevos proyectos y formarse, los padres eran agentes activos de lo que hoy llamaríamos una «comunidad de aprendizaje» y los psicólogos del centro eran, también, agentes activos de nuestra comunidad, a los que podíamos acudir con nuestros problemas y proyectos y también podían hacerlo los padres y los profesores.

    Socialmente, ha dado lugar a un fenómeno curioso: me he encontrado a muchos compañeros como padres de alumnos de altas capacidades intelectuales y casados entre sí, por aquello de «cada oveja con su pareja».

    La pregunta del millón es ¿Porqué desapareció el I. E.P. Padre Manjón?  La respuesta es simple: por envidia.  Envidia que, curiosamente, fomentaron los docentes de enseñanza secundaria, quienes pensaban que “no había derecho a que existiera un Instituto al que sólo se podía optar como profesor cumpliendo una serie de elevados requisitos de formación y que daba clase a los mejores estudiantes, contaba con los mejores materiales y formación pedagógica y con un Gabinete psicotécnico que ayudaba a todo ese proceso de enseñanza”.

    No os equivoquéis, también la sociedad puso su granito de arena: el prestigio social del alumnado del Padre Manjón llevó a que, todo aquel que era «alguien» en Granada intentara que sus hijos estudiaran allí, aunque para ello hubiera que “forzar” currículos.  Por supuesto, luego se quejaban de que sus hijos suspendían o de que un aprobado del Manjón era un Sobresaliente en cualquier otro sitio. Conclusión: los proyectos educativos específicos de altas capacidades intelectuales son solo para alumnos de altas capacidades intelectuales, porque su ritmo de adquisición de conocimientos y la complejidad mental de éstos es, cualitativa y cuantitativamente, diferente a la del resto.

    Por último, apareció un Gobierno socialista que confundió la «igualdad de oportunidades» con la uniformidad educativa:  -la llamada “normalización”, hoy día, mal llamada “inclusión”-, que lo que ha conllevado es a la desatención educativa de estos menores y a la objetiva vulneración de sus derechos.

    Supongo que todo el material educativo que generó el I.E.P. Padre Manjón debe encontrarse en la Universidad de Granada y en el organismo que haya sustituido al Centro Nacional de Educación. Me encantaría llevar a cabo un proyecto de investigación que sacara a la luz todo ese material, máxime cuando muchos de los profesores que impartieron allí clases, aunque jubilados, pueden participar su experiencia y porque los alumnos, no solo no tuvimos los problemas psicológicos asociados a la inatención educativa sino que, en la mayoría de los casos, disfrutamos hoy día de lo que se llama «éxito profesional y social».

    Cuando mi hijo mayor fue diagnosticado por especialistas en altas capacidades intelectuales, -profesores doctores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada-, como superdotado intelectual, con el fin de participar como sujeto de estudio en una tesis doctoral, el hecho de conocer los derechos de mi hijo como abogada y el haber vivido esta experiencia educativa, así como el comprobar la generalizada y sistemática vulneración de sus derechos por parte de la administración educativa, que le negaba los apoyos y ajustes necesarios que su educación requería, no hizo sino que actuara contra la Administración Educativa en defensa de sus derechos; así, mi primera demanda en este terreno, fue para exigir que le pusieran un profesor de apoyo.  Llegué a un acuerdo extrajudicial: le pusieron un profesor de apoyo a cambio de retirar la demanda; como aún así el tema no funcionaba, le invitaron a salir del sistema público y a marcharnos al privado, lo que hicimos y de lo que me alegro cada día. Luego vinieron las actuaciones para conseguir su doble flexibilización, o su efectiva atención diaria en el colegio y los problemas no cesaron en la Universidad.

    Desde entonces he pasado 24 años interponiendo demandas judiciales contra la Administración Educativa en defensa de los derechos de los niños de altas capacidades intelectuales por todo el país, y siempre me encuentro con las mismas excusas por parte de la Administración, basadas en la ignorancia jurídica y científica:

    Y SI, el incumplimiento de la Administración al denegar a estos niños su identificación, su evaluación y el seguimiento de ésta y los apoyos y los ajustes necesarios que requiere la educación específica de estos niños,  ES UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN que recogen la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución Española de 1978, artículo 27, en relación con los artículos 14 y 15, 10.2 y 96.1, lo que vienen reproduciendo tanto las Directivas Europeas de Educación como nuestras leyes orgánicas, y estas normas son leyes directamente aplicables en todo nuestro país y de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, tanto por el principio de jerarquía normativa como por el hecho de que LAS LEYES ESTÁN AHÍ PARA CUMPLIRLAS.

    Y SI, el interés superior del menor o la obligación legal de que el niño sea escuchado, no son principios jurídicos sino DERECHOS DEL NIÑO, tal como nos ha tenido que recordar la ONU en sus informes de 2006, 2011 y 2018, sobre la vulneración de este derecho a la educación en España.

    Y SI, desde los años 1970 la educación diferenciada de los niños superdotados (2,5% de la población escolar) y ahora, de los niños de altas capacidades intelectuales (10% de la población escolar) está establecida en nuestra legislación a nivel nacional; y SI, la aplicación de la Constitución Española, de la Convención de Derechos del Niño, de la normativa europea de educación (Directivas y Recomendaciones de la UE), es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.

    Y SI, la Administración Educativa está obligada a cumplir con la totalidad del ordenamiento jurídico, no solo con una parte. 

    Y SI, todos los Colegios españoles están obligados a tener contemplada la educación de estos niños en sus Planes y Proyectos Educativos, en el apartado “medidas de atención a la Diversidad”.
    Y SI, de nuevo, tras la LOMCE 18/2013, hay fórmulas dentro de la legalidad vigente,  para atender específicamente a las altas capacidades intelectuales en Centros que se especialicen en base a la calidad educativa en estos niños (art. 122 bis LOMCE). 

     

    Y SI la Administración Educativa actúa, la mayor parte de las veces, en función de sus propios intereses como órgano y no cumple con la legalidad porque nadie, ni funcionarios, ni padres, -por distintos motivos-, lo exigen.  Los padres tienen mecanismos para exigir el cumplimiento de la Ley y los funcionarios ¡¡¡TAMBIÉN!!!. Si llegaran una montaña de escritos, demandando este cumplimiento de la legalidad a las distintas Administraciones, no podrían seguir mirando a otro lado.

    Las leyes están para cumplirlas, las experiencias educativas en atención a las altas capacidades intelectuales están ahí y se han desarrollado en España, con alumnos españoles y por profesores españoles. Desconozco si el Instituto Experimental Público Padre Manjón fue único en su época o no, pero veinte años de experiencias educativas pioneras arrinconadas en el olvido es una muestra más de la «barbarie» que nos rodea y me recuerda -con sus diferencias, por supuesto – hechos históricos como la quema de bibliotecas.

    ¡Feliz fin de semana!

    Tres motivos jurídicos para atender al alumnado con AACC

    Tener que explicar en 2019 porqué hay que atender educatívamente de forma diferente a los menores de altas capacidades intelectuales, cuando todas nuestras leyes educativas lo vienen estableciendo obligatoriamente desde 1970, es muy triste, máxime porque los profesionales educativos no parecen entender que estos niños tienen derecho a una educación que les permita desarrollarse armónicamente hasta el máximo de sus posibilidades y ser felices.  
    Lo puedo decir más alto, pero no más claro:  quien niega a los niños y niñas de altas capacidades intelectuales su derecho a una educación diferenciada está violando la Ley. 

    Ahí van tres razones jurídicas de peso:

    1.-  PORQUE LO DICE LA LEY:
    • Constitución Española de 1978, art. 27, en relación con los artículos 14, 15 y 10.2 y 96.1
    • Convención de Derechos Humanos, artículo 26.2
    • Convención de Derechos del Niño, artículo 29
    • Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 27
    • Ley Orgánica de Educación 2/2006 y LOMCE 18/2013, arts. 71, 72, 76, 77 y 87,2.
    2.-  PORQUE LO DICEN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS DE LOS QUE FORMAMOS PARTE:
                a) UNIÓN EUROPEA:  Dictamen del Consejo Europeo Social y Económico de enero del 2013 sobre Alta Capacidad Intelectual:
    El Comité Económico y Social Europeo recomienda que la Comisión Europea y los Estados miembros tengan como PRIORITARIA la atención de los menores y jóvenes de altas capacidades intelectuales, adopten medidas que favorezcan la atención a la diversidad para aprovechar el potencial de estos niños, apoyen la realización de estudios e investigaciones adicionales, y adopten unas medidas adecuadas que favorezcan la atención a la diversidad de todas las personas en general, incluyendo programas capaces de movilizar el potencial de los niños y los jóvenes con alta capacidad.  También insiste en la necesidad de formar a los profesores e incluir la educación emocional en el currículum.
    Los objetivos de esta actuación serían, entre otros, facilitar el empleo y la empleabilidad en el marco de la Unión Europea y, en un contexto de crisis económica, potenciar la valoración de los conocimientos especializados y evitar el éxodo de estas personas hacia otras zonas del mundo.
    El Comité insiste en que la atención a estos niños debe incluir su educación emocional (especialmente importante durante la adolescencia), así como la adquisición de habilidades sociales y debe estar encaminada a facilitar su integración e inclusión en la sociedad, su inserción laboral y fomentar su capacidad para el trabajo en equipo.
    En este sentido, propone mejorar los siguientes aspectos:

    • La formación inicial y permanente del profesorado acerca del perfily las características del alumnado con altas capacidades, su detección y la atención educativa que necesitan.
    • La puesta en común de procedimientos que permitan detectar precozmente la existencia de altas capacidades intelectuales en los alumnos en general y especialmente en los que proceden de sectores y entornos sociales desfavorecidos.
    • El diseño y puesta en marcha de medidas educativas destinadas al alumnado con altas capacidades intelectuales. Estas medidas deben incluir acciones en el propio centro educativo ordinario y también fuera del mismo.
    • Integrar en la formación del profesorado: los valores del humanismo; la realidad del multiculturalismo; el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación y; por último, el estímulo de la creatividad, la innovación y la capacidad de iniciativa.

    Podeis leer la entrada que hice en su día sobre este tema aquí:  España tiene que atender a los alumnos de AACC obligada por Europa

                  b) ONU:  Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo*, * realizado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

      • El interés superior del menor es un derecho no un principio.
      • El alumno y sus progenitores siempre deben ser escuchados y adecuadamente informados.
      • El sistema de educación inclusiva debe proveer la educación a todos los estudiantes y estar basado en una educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera.
      • La denegación de los recursos y apoyos que un alumno con necesidad específica de apoyo educativo requiera, constituye una vulneración del derecho fundamental a la educación reconocido por la Convención de Derechos del Niño y, por tanto, es ilegal.

      • La aplicación de las medidas educativas específicas para los niños que las requieran es obligatoria e inmediata y no está sujeta a aplicación progresiva.
      • Invisibilizar a este alumnado es una violación del Derecho Fundamental a la Educación.
      • El Estado tiene la obligación de crear un protocolo de actuación único y homogéneo a nivel nacional en relación a la evaluación psicopedagógica y al posterior dictamen, que obligue a la revisión periódica de la misma, facilite que los padres la puedan recurrir y que no se deje en manos de personal no cualificado. 
      • Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas tienen que llevar a cabo un ejercicio presupuestario que permita identificar en detalle los recursos necesarios para la implementación efectiva de la educación inclusiva.   
      • La formación del profesorado debe ser especializada y obligatoria.
      • La formación de los orientadores y los inspectores debe ser especializada y obligatoria.
      • Siempre habrá un cupo de plazas en los colegios reservadas para este tipo de alumnado.

      3.-  PORQUE SU DERECHO A UNA EDUCACIÓN DIFERENCIADA RESPONDE A UNA NECESIDAD:
      Si desde 1970 la legislación española viene definiendo a los niños superdotados como niños necesitados de una educación especial y solo a partir de la LOGSE se integran en el grupo de necesidades específicas es porque estos niños tienen un desarrollo madurativo asincrónico, que les hace requerir una educación diferente de la del resto del alumnado:  Su edad mental está dos años o más (dependiendo de su CI) por encima de sus coetáneos, son rápidos, son intensos emocionalmente, son hipersensibles, son perfeccionistas, …., no tienen ciencia infusa.

      En palabras del profesor/doctor Tourón:  «El talento que no se cultiva, se pierde».

      Es inmoral, además de ilegal, esperar a que tengan problemas para atenderlos educativamente conforme necesitan.

                  RESPÉTENLOS, ATIÉNDANLOS, 
      SU SALUD Y SU FELICIDAD ESTÁN EN JUEGO.

      Reserva de plazas para alumnos NEAE por AACC


      Hay cuestiones que me enervan muchísimo, no solo como jurista sino como española, entre las que destaca el hecho de que las Administraciones Públicas Educativas Españolas traten a los administrados como estúpidos, les mientan con descaro y se salten las leyes a la torera, tal como sucede habitualmente en relación a los niños y niñas de altas capacidades intelectuales.
      Como la mayoría sabe, en esta época se abren los plazos para solicitar centro educativo, pues bien según la Disposición final sexta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, queda modificada en los siguientes términos.
      Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 84, que queda redactado como sigue:
      «2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cápita de la unidad familiar y condición legal de familia numerosa, situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.
      No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especialización curricular por las Administraciones educativas, o que participen en una acción destinada a fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el artículo 122 bis, podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias. Dicho porcentaje podrá reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesión del sistema.»
      Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 87, que queda redactado como sigue:
      «2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados. (
      Los alumnos con altas capacidades intelectuales son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo tal como dispone el artículo 71.2 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE).
      Que no os tomen el pelo.
      Sed felices